viernes, 29 de abril de 2016

Cuatro razones por las que el gasto público es incluso peor que los impuestos

Ryan McMaken
Todos los años en el momento de los impuestos nos acordamos del dolor del impuesto de la renta. Nos acordamos no solo la riqueza que se quita, sino también todo el tiempo y energía que deben gastarse en ayudar al gobierno federal a estimar cuándo deberían quitarnos este año.
Sin embargo, el impuesto de la renta es solo una parte de la ecuación. Impuestos al trabajo, impuestos corporativos, impuestos especiales y aranceles son todos los impuestos federales que pagamos todos, paguemos o no lo que se llama el “impuesto de la renta”.
No hace falta ser el dueño de una empresa para pagar impuestos corporativos. Cuando una empresa paga impuestos, los clientes y empleados también pagan en términos de salarios inferiores y bienes más caros. No hace falta ser importador para pagar aranceles, que acaban costando más a los consumidores en términos de bienes más caros y menos disponibles. Y no hace falta ser conductor de automóvil para pagar el impuesto federal especial sobre la gasolina. Todo bien o servicio que se base en gasolina para transporte nos cuesta más gracias a ese impuesto.
A pesar de todo esto, no son los impuestos lo peor de la ecuación “grava y gasta”. Lo que hace el gobierno con el dinero (una vez lo tiene) es realmente peor y más dañino tanto política como económicamente.
Razón 1: No hay manera de asignar racionalmente el dinero fiscal
Una vez se extrae el dinero a un propietario en forma de impuestos, este abandona el ámbito del mercado y de los precios del mercado. Los fondos se convierten en recursos que fueron adquiridos, no mediante ningún intercambio, sino mediante una transacción coactiva respaldada por la amenaza de encarcelamiento y multas.
En este punto, el dinero ya se ha asignado mal porque ha sido distribuido (por la fuerza) de una forma que era involuntaria por parte de los dueños reales. Se podría afirmar que a los dueños reales del dinero fiscal se les acabará dando bienes y servicios a cambio de dicho dinero. ¿Pero quién puede decir que los contribuyentes hubieran estado dispuestos a pagar un precio equivalente a la cantidad tomada en forma de impuestos?
Es imposible decirlo, ya que al contribuyente nunca se le permitió demostrar una preferencia sobre cómo debería haberse gastado ese dinero.
En otras palabras, es imposible decir en cuánto valoran realmente los contribuyentes una carretera, armas entregadas a una organización terrorista o una acción de los SWAT contra productores de leche natural. Los contribuyentes se ven obligados a pagar por todas esas cosas. Sin embargo, en cuánto valoran los contribuyentes esas cosas, es algo que habría que adivinar.
En lugar del valor determinado por los consumidores en un mercado voluntario, los recursos públicos se colocan en el ámbito de la política y los políticos que distribuirán los bienes de acuerdo con el poder político de los grupos de interés.
Razón 2: El gasto público no está limitado por los ingresos fiscales
Cuando está presente un banco central, el gasto público no se ve limitado por los ingresos fiscales. Aunque esté bien imaginar que el gobierno puede limitarse simplemente recortando el ingreso fiscal, bancos centrales significa que siempre hay manera de eludir esto.
Según Ludwig von Mises, los impuestos y el gasto públicos podrían limitarse teóricamente en un sistema político democrático por el hecho de que los votantes solo tolerarían impuestos (y por tanto, gasto público) hasta cierto punto. Sin embargo, una vez se introduce un banco central, esto permite a un gobierno sencillamente crear más dinero gastable para sí mismo.Hunter Hastings explica cómo veía Mises la democracia como sencillamente una herramienta utilitaria que hace que:
los órganos del estado sean legalmente dependientes de la voluntad de la mayoría del momento. (…)Mises extendía este concepto de democracia utilitaria al control por los ciudadanos del presupuesto del estado, lo que se lograba votando en nivel de presión fiscal que consideraban apropiado. De otra manera, “si es innecesario ajustar la cantidad de gasto a los medios disponibles, no hay límite al gasto del gran dios Estado”. [Cursivas añadidas]
Aunque el proceso es en realidad más desordenado que lo que se deduce aquí de Mises, es en todo caso correcto que si el gasto público se hace independiente de los ingresos fiscales, no hay esencialmente ningún límite práctico a la cantidad de gasto público que pueda tener lugar. Sin una clara relación entre los ingresos fiscales y el gasto público, es política y prácticamente imposible para votantes y contribuyentes estimar en cuánto ha sobrepasado el estado los límites presupuestarios impuestos. En otras palabras, los bancos centrales (especialmente los que son “independientes” y por tanto irresponsables ante los votantes) permiten a los gobiernos eludir a los votantes permitiendo a aquellos crear más riqueza por sí mismos lejos de los ojos fisgones de los entrometidos contribuyentes.
Hoy vivimos en una época en la que el gasto público en realidad se ha desconectado de los ingresos fiscales. Incluso si los contribuyentes protestan contra los aumentos en los impuestos, los bancos centrales pueden permitir a los gobiernos sencillamente gastar más dinero sin que el gobierno tenga que recurrir a más impuestos. Los bancos centrales pueden hacer directamente esto, sencillamente imprimiendo dinero. O más habitualmente, pueden hacerlo indirectamente mediante operaciones del mercado abierto (como comprar activos, incluyendo deuda pública) que aumentan la demanda de deuda pública, permitiendo así a los gobiernos financiar más gasto en déficit a tipos de interés artificialmente bajos.
Los contribuyentes acaban pagando este gasto adicional en forma de inflación (o disminuciones perdidas en el coste de la vida), debido a un aumento en la oferta de dinero fiduciario. La gente normal también paga en términos de los efectos perniciosos del ciclo de auge-declive. El rodeo del banco central permite a los gobiernos esconder los verdaderos costes de sus programas de gasto, aumentando así el apoyo político al gasto que es realmente mucho más costoso de lo que parece.
Limitar sencillamente los impuestos no hará nada para resolver este problema y de hecho puede que lo empeore. Si un gobierno se compromete a mantener un cierto nivel de gasto, los recortes fiscales pueden no obligar necesariamente a ninguna reducción del gasto público. La filosofía de “matar de hambre a la bestia” solo funciona cuando no hay banco central.
Razón 3: El gasto usa recursos escasos y distorsiona la economía
Como señalaba Rothbard en El hombre, la economía y el estado, los impuestos son dañinos, tanto en el lado de la recaudación como en el lado del gasto:
También ha habido una gran cantidad de polémica inútil acerca de qué actividad del gobierno impone la carga sobre el sector privado: los impuestos o el gasto público. Realmente es inútil separarlos, ya que ambos son etapas del mismo proceso de carga y redistribución. (…)
Supongamos que el gobierno grava al sector de las nueces un millón de dólares para comprar papel para las oficinas públicas. El equivalente a un millón de dólares en recursos se desvía de las nueces al papel. Esto se hace en dos etapas, una especie de uno-dos al mercado libre: primero se empobrece al sector de la nuez y luego el gobierno usa este dinero para quitar papel de los mercados para su propio uso, extrayendo así recursos en la segunda etapa. Ambas partes del proceso son una carga. En cierto modo, el sector de la nuez se ve obligado a pagar la extracción de papel de la sociedad; al menos se lleva inmediatamente la peor parte del pago. Sin embargo, incluso sin considerar aún el problema del “equilibrio parcial” de cómo y si esos impuestos se “trasladan” por el sector de la nuez encima de sus hombros, deberíamos también advertir que no es el único que paga: los consumidores de papel indudablemente pagan al ver cómo les aumenta el precio del papel.
En otras palabras, cada vez que el gobierno compra algo con dinero extraído a los contribuyentes, necesariamente sube el precio de esos bienes e impide que esos recursos se usen en el sector privado para fines privados. Así que cada vez que el gobierno compra un arma o un avión, hace las armas y los aviones más caros para los sectores privados, así como todos los factores que van a producir esos bienes. No hace falta decir que, además de aumentar los precios, el gobierno también está distorsionando la economía, así como eligiendo a ganadores (funcionarios, contratistas y suministradores públicos) y perdedores (los no favorecidos por el gobierno). Sectores completos (los que eran valiosos y rentables antes de que el gobierno se implicara) pueden destruirse de esta manera y con ellos el sustento de la gente.
Razón 4: El gasto crea dependencia política y fortalece al estado
Pero uno de los mayores logros políticos del gasto público es su éxito en crear granes coaliciones de votantes y grupos de intereses que se oponen a los recortes en el gasto público. Cuando los republicanos anunciaron su último acuerdo presupuestario para aumentar el gasto en un billón de dólares, resultaba difícil ver cómo podrían haber hecho otra cosa:
En 2013, cuando Pew encuestó a los estadounidenses sobre qué programas públicos deberían recortarse, una enorme mayoría se oponía a cualquier recorte a Medicare o a la Seguridad Social. Cuando se las preguntó qué programas deberían recortarse como parte de las negociaciones presupuestarias en Washington, el 87% de los encuestados se oponían a recortes en la Seguridad Social, mientras que el 82% se oponían a recortes en Medicare. (…) Eso pone directamente al presupuesto fuera de límites en un 36%.
¿Dónde recortar entonces? ¿Tal vez podríamos recortar en defensa? Según Pew, el 73% de los encuestados se oponen a recortar en defensa. Eso supone otro 23% por encima del límite, así que ahora estamos por encima del 65% del presupuesto que pocos quieren recortar. Pew reporta que el 71% de los estadounidenses se oponen a recortes en “ayudas a los necesitados” (es decir, Medicaid, TANF, etc.). (…) De hecho, los programas menos populares, aquellos que a más de un tercio de los encuestados les gustaría recortar, son el Departamento de Estado y la ayuda exterior. Por desgracia para los halcones del déficit, esos dos programas se combinan para una suma irrisoria de 38.000 millones de dólares. En otras palabras, solo un 1% del presupuesto está maduro para ser recortado. Buena suerte en poner bajo control el presupuesto público.
Inmensas franjas de la población estadounidense, o reciben pagos transferidos del gobierno, como la Seguridad Social, o trabajan para el gobierno, como en el caso del verdadero ejército de contratistas militares (muchos de los cuales simulan esta “empleados privadamente”) y soldados que reciben la mayoría de los 600.000 millones de dólares dedicados cada año a gasto militar.
Todos estos programas significan que una sola organización (el gobierno federal de EEUU) proporciona al menos una porción del sustento de cientos de millones de personas. Eso es un poder real.
Es posible que algunos votantes puedan estar a favor de un recorte de impuestos, pero ese movimiento no tendrá sentido pues pocos de ellos también aceptarían recortes en el gasto. Así que incluso en un mundo lleno de palabrería sobre “recortes de impuestos”, los efectos perniciosos del gasto público continuarán sin cesar, indefinidamente.
FUENTE: http://www.miseshispano.org/2016/04/cuatro-razones-por-las-que-el-gasto-publico-es-incluso-peor-que-los-impuestos/

Frondizi: Aniversario de su fallecimiento

Por Aníbal Hardy
El 18 de Abril de 1995, falleció Don Arturo Frondizi, y en esa fecha en mi carácter de Presidente del Bloque del MID, tuve el honor de recibir las condolencias de los demás bloques de la Cámara y de otras personalidades de la política, en la sesión especial que se convocó al efecto. Hoy, más que nunca, es bueno recordar que el gobierno de Arturo Frondizi fue una experiencia que encierra interesantes lecciones en relación con la actual crisis económica. Cuando Frondizi asumió la presidencia, el 1° de mayo de 1958, a pesar de las obvias diferencias de contexto histórico, las dificultades tenían muchas semejanzas con las de hoy. Regía el control de cambios desde hacía casi tres décadas, y el atraso de la paridad provocaba déficit comercial y retraía la inversión productiva. Era crítica la situación del sector externo: no había reservas netas de divisas y gran parte de los recursos debían destinarse a la importación de petróleo y derivados, que cumplía el mismo papel condicionante que ahora los servicios de la deuda externa. Igualmente crítica era la situación del sector público, con un déficit equivalente al 7 por ciento del producto bruto interno.
Se procedió con imaginación y audacia, y pese a los prejuicios estatistas predominantes entonces, se convocó al capital privado extranjero para la extracción de petróleo. En tres años se logró el autoabastecimiento.
Y no se le esquivó el bulto a la cuestión cambiaria. Se liberó el mercado cambiario, lo que implicó una devaluación del 65 por ciento, y el sinceramiento alcanzó también a las tarifas de los servicios públicos, que eran inferiores a los costos de las empresas. Todo esto se consideró necesario para restaurar el proceso de inversión. Pero a la vez se sinceraron los salarios con un aumento del 60 por ciento (en los hechos, el porcentaje fue menor porque absorbía aumentos concedidos en 1957). El criterio era social, ya que no sólo los asalariados debían pagar la corrección cambiaria, y a la vez económico, porque se necesitaba reactivar el mercado interno y la mejora salarial apuntaba a ese objetivo.
Plan integral de desarrollo: Antes de contestar la pregunta sobre la inflación que preocupa a los argentinos de hoy, cabe decir que era un plan económico integral, y junto a lo anterior se encaró, por un lado, una intensa racionalización del gasto público y, por otro, un vasto programa de inversiones. Antes de finalizar 1958 ya estaban operando las compañías petroleras y se lanzó un programa de fuerte estímulo a la inversión privada en industria e infraestructura (siderurgia, petroquímica, automotores, caminos, energía). Los 250 mil agentes estatales que dejaron el sector público entre 1958 y 1962, por la racionalización, rápidamente encontraron trabajo en el sector privado en plena expansión.
¿Qué pasó con la inflación? Es natural que el sinceramiento de cambios, tarifas y salarios nominales se haya expresado en el índice de precios, que en 1959 aumentaron el 113 por ciento, pero en cada trimestre de ese mismo año el índice de aumento iba disminuyendo: fue en promedio del 13 por ciento mensual en el primer trimestre, 9 el segundo, 2,9 en el tercero y 1,9 en el cuarto. En 1960, la tasa anual fue del 27,1, y en 1961, del 13,7 por ciento. Ese éxito sólo fue posible porque la política cambiaria, salarial y fiscal estaba en tándem con la política de desarrollo. Si hay disciplina fiscal, la restricción monetaria es una falsa solución: el mejor antídoto contra la inflación es el aumento de la producción y oferta de bienes y servicios.
En la Argentina de hoy, no hay que vacilar, como no vaciló Frondizi, pero a la vez hay que hacer todo lo otro que se hizo entonces. Incluso en materia de salarios. La crisis de hoy no es de hiperinflación sino de hiperrecesión, y es letal el criterio que lo ve todo a través del cristal de la restricción monetaria. No debe emitirse un solo peso para financiar gasto improductivo del Estado, ni se debe emitir con facilismo, pero una prudente emisión monetaria que se destine a incentivar la producción y la demanda no necesariamente es inflacionaria. No lo es si tiene el respaldo del desarrollo.
El gobierno de Frondizi suscribió un acuerdo standby con el Fondo Monetario Internacional, pero no abrió las negociaciones hasta que su plan estuvo anunciado y puesto en marcha. No tuvieron oportunidad de cuestionar la política salarial y de desarrollo, y como la idea no era el despilfarro, las cosas funcionaron. Espero que el nuevo gobierno, no solo lo mencione, sino también lo emule.
*Abogado - Desde Formosa - Enviado por su autor

La mesa está servida y el gobierno pone los cubiertos

Integrar imagenPor Ricardo Bustos
Una vez mas Hugo Moyano quedó expuesto ante la sociedad sin argumentos sustentables para haber realizado un acto político (pago) a cuatro meses de haber abandonado al país a la mano de Dios, un gobierno del que en algún momento formó parte. A Nestor Kirchner nunca le hicieron un paro y a su esposa tardaron cinco años en mostrarle un poco los dientes.
Si algo faltaba en esta opereta que fabricó el movimiento obrero "desorganizado" para atemorizar a un gobierno que apenas ha cumplido cuatro meses de gestión, es la presencia en el acto político de esta tarde de Kirchneristas, muchos de los cuales, como su jefa, deberán presentarse ante la justicia para tratar de defenderse de lo que todos sabemos es indefendible porque robaron tanto que no saben donde esconderlo.
Vergüenza debería darle a los organizadores compartir un acto gremial con personajes de la talla de Anibal Fernandez o Hector Recalde, este último traidor de Hugo Moyano al haber sido abogado de la CGT Azopardo.
Hasta el gastronómico Luis Barrionuevo se quejó de que el peronismo residual se sumara a la convocatoria de las centrales sindicales por el día del trabajador. "No voy a ir. No tenemos nada que ver con estos que marchan, el Gobierno necesita tiempo. Esto está totalmente desvirtuado. Por eso yo me bajé del acto. concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio e hicimos un acto ahí y punto", "a mi nadie me va a venir a apretar cuándo yo tengo que hacer un paro" y recordó que "a Macri lo eligió la gente" y pidió "darle tiempo".Criticó la participación de la Izquierda "que nos mató en cuanto programa d Radio y TV pudo y de La Cámpora y el kirchnerismo, no tienen que ver con las organizaciones que El encabeza".Pidió a los empresarios "una cuota de sacrificio" para frenar el desempleo y se manifestó en contra de la Ley Atidespidos. "No podemos ser funcionales a estos que perdieron y fundieron el país".
Los argentinos no podemos mirar para otro lado y estamos obligados a defender la democracia desde nuestro humilde lugar en la sociedad, sin hacer polítiquería de punteros pagos, con la palabra y las ideas del respeto hacia nuestros semejantes, cualquiera sea su forma de pensar.
Recuerdo que en el año 2013 La CGT alineada con el Gobierno de Cristina Kirchner, liderada por Antonio Caló (otro de los que ocupó el palco y habló a la multitud como si nada hubiera sucedido en su pasado inmediato) convocó a los trabajadores a "militar" a favor de los candidatos del Frente para la Victoria "hasta que se gasten las piernas", en un acto en el que los sindicatos alineados con el Gobierno nacional respaldaron a los postulantes del Frente para la Victoria. ""¡Militemos hasta que se nos gasten las piernas hasta las ingles, compañeros! ¡Vamos a triunfar!", exclamó Pignanelli, en el marco del acto que la CGT compartió con los precandidatos Martín Insaurralde y Daniel Filmus, así como el gobernador Daniel Scioli y el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez.
Solamente con escribir "google" y poner uno o dos años para atrás cualquier diario nacional, desenmascaramos a estos y muchos otros mas que piensan sobre los argentinos que somos todos unos inútiles a los que les pueden hacer lo que les venga en ganas y nos vamos a quedar quietos como hicieron ellos con la ex casi reina hasta diciembre de 2015.
No es poco que El Momo Venegas, Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas y titular del gremio de trabajadores rurales o Luis Barrionuevo secretario general de la CGT azul y blanco que entre otros agrupa a los gastronómicos y 60 gremios mas, hayan decidido no asistir a este acto político.
Para ver el resultado y costo que ha representado para el futuro de estos líderes sindicales, basta leer bien lo que dicen las redes sociales y allí nos vamos a dar cuenta que hoy de nada sirve llevar 100 mil 0 un millón de personas a una manifestación porque la verdad está en la gente y no en los punteros que reciben dinero para pararse frente a un palco con alguna bandera que identifique a los oradores.
"SEPARADOS se escribe todo junto...y TODOS JUNTOS se escribe separado", aunque la gramática está lejos de los gremialistas, la realidad los acerca sin querer, solo será cuestión de tiempo.

Ricardo Bustos Locutor Nacional - Comunicador - Misiones Argentina
ENVIADO POR SU AUTOR

Inhabilitación constitucional o golpe, otra batalla en Brasil Por Mario Osava

Calificar como golpe de Estado el proceso de inhabilitación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, probablemente no evitará su destitución, pero podrá asegurar a sus defensores una versión movilizadora de la derrota.
“Es importante para aglutinar la minoría que apoya al gobierno, otros que temen que venga una gestión conservadora y los que se preocupan de mantener el régimen democrático”, resumió Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
“Además de movilizar sectores de la sociedad, principalmente los organizados, y conquistar apoyos también en el exterior, reduce el margen de maniobra de los posibles vencedores, tendiendo una sombra en la legitimidad del futuro gobierno”, acotó a IPS.
“La batalla del ‘impeachment’ (impedimento) está casi perdida”, admitió el profesor, que considera de hecho golpista el movimiento opositor que ganó ímpetu desde las protestas del 13 de marzo que movilizaron a más de tres millones de personas, según la policía, en las calles de centenares de ciudades.
El 17 de abril, la Cámara de Diputados acogió el pedido contra la mandataria de tres abogados para proceder a su impeachment, el término anglosajón usado en la legislación local para definir el proceso de destitución.
Durante 2015 se habían acumulado más de 30 propuestas con el mismo objetivo, reflejando la caída vertical de la popularidad de la presidenta, que inició su mandato en 2011 y fue reelecta en octubre de 2014.
Una amplia mayoría de 367 diputados, 71,5 por ciento del total,aprobó abrir el juicio político, confirmando el aislamiento político de Rousseff, cuyo apoyo parlamentario se limitó a 137 votos. Solo el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras tres pequeñas fuerzas le fueron fieles. La Cámara tiene 513 diputados de 25 partidos.
Ahora está en el Senado el destino de la primera mujer en alcanzar la Presidencia de este país latinoamericano de 204 millones de habitantes. Los 81 senadores, con base en los informes del proceso, decidirán dentro de dos semanas si consideran que hay razones suficientes para enjuiciar a la mandataria.
En caso positivo, abrirán el juicio que podrá prolongarse hasta 180 días, con Rousseff separada de sus funciones. El fallo final exige mayoría de dos tercios, un mínimo de 54 votos, para ser aprobado. De suceder esto, la mandataria sería destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.
“No habrá golpe” es la consigna con que activistas defienden a la presidenta, protagonizando otras multitudinarias manifestaciones, engrosadas por sindicatos, movimientos sociales y muchos que concurren “en defensa de la democracia”, no del gobierno.
Una “nueva campaña de la legalidad”, cuyo título recuerda un movimiento que impidió un golpe militar en 1961, divulga un manifiesto en ese sentido, firmado por más de 8.000 intelectuales, la mayoría abogados, juristas y profesores de derecho.
La insistencia con que Rousseff y el izquierdista PT denuncian el “intento de golpe” obligó a por lo menos cuatro de los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) a refutar la tesis oficialista, observando que la inhabilitación presidencial está prevista en la Constitución.
Se trata de un mecanismo constitucional establecido para casos excepcionales de “delitos de responsabilidad” que justifiquen la destitución de jefes del Poder Ejecutivo, recalcó Oscar Vilhena, profesor de derecho de laFundación Getulio Vargas, institución de enseñanza superior e investigación de la ciudad de São Paulo.

La presidenta Dilma Rousseff, sentada en el centro, con una flor en la mano que le acaba de ser entregada, durante la apertura de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, inaugurada el 27 de abril en Brasilia. En los actos de la mandataria de estos días se repiten los gestos de cariño con olor a despedida hacia la mandataria. Crédito: Roberto Stuckert Filho/PR
Se trata de un mecanismo constitucional establecido para casos excepcionales de “delitos de responsabilidad” que justifiquen la destitución de jefes del Poder Ejecutivo, recalcó Oscar Vilhena, profesor de derecho de laFundación Getulio Vargas, institución de enseñanza superior e investigación de la ciudad de São Paulo.
“La Constitución vigente, de 1988, incluso protege más el presidente que la de 1946”, recordó a IPS, porque la anterior ley fundamental de periodos democráticos solo exigía mayoría absoluta de los parlamentarios para destituir al jefe de gobierno o de Estado.
Al fijar dos tercios como mínimo necesario para acoger una denuncia con ese objetivo en la cámara baja y para proceder a la destitución en el Senado, la actual Constitución asegura estabilidad al gobierno, un propósito del presidencialismo, que tolera ineficiencias e impopularidad coyunturales o pérdida de apoyo parlamentario.
“Se trata de un instrumento jurídico-político regulado, metódico, con muchas trabas”, que asegura amplia defensa y debate durante varios meses, observó Vilhena.
El procedimiento se distingue de la destitución del expresidente paraguayo Fernando Lugo, en 2012, por medio de un juicio parlamentario que duró solo dos días. Paraguay fue entonces suspendido del Mercado Común del Sur (Mercosur) por los demás socios, Argentina, Brasil y Uruguay, por violación de la cláusula democrática del bloque.
“El impeachment es sobre todo político, ya que sus jueces son parlamentarios y juzgan delitos de naturaleza política en su mérito”, explicó Vilhena. Si al gobernante se le acusa de “infracciones penales comunes”, lo juzga el STF, distingue la Constitución.
Son procesos distintos. El expresidente Fernando Collor (1990-1992), el único caso hasta hora de destitución de un mandatario, fue condenado por el Senado e inhabilitado políticamente, pero resultó absuelto penalmente por el STF. Eso porque una mentira puede ser políticamente relevante y conllevar la destitución, pero no el encarcelamiento.
Los “delitos de responsabilidad”, según la Constitución, son actos presidenciales dañinos a la nación y a la democracia, como los que “atentan contra el libre ejercicio” de los demás poderes, la seguridad del país y los “derechos políticos, individuales y sociales”.
En el caso actual, los actos de la presidenta que justificarían la inhabilitación, según las denuncias acogidas, serían los de violar “la probidad de la administración” y la “ley presupuestaria”, razones constitucionales para el impedimento.
Los delitos concretos serian la firma de decretos ampliando gastos públicos sin autorización parlamentaria y el uso de créditos de bancos estatales para ocultar déficit fiscal. La ley prohíbe el gobierno obtener préstamos de sus instituciones crediticias.
“Las leyes de 1950 y 2000 sobre responsabilidad fiscal son explícitos en vedar créditos de instituciones financieras a sus propios controladores. Rousseff lo ha hecho en su primer período y siguió haciéndolo en 2015, violando la ley”, sostuvo Vilhena.
“La estatal Caja Económica Federal incluso recurrió a la justicia para cobrar los intereses no pagados, hecho que comprueba tratarse de operación de crédito, no hay dudas en los fundamentos jurídicos”, acotó.
El carácter de préstamo es negado por el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, en su defensa de la presidenta.
El hecho de esas maniobras, apodadas de “pedaladas fiscales” en el debate público, haber sido común en gestiones anteriores, otro argumento de la defensa, no elimina el delito, “no se absuelve asesinos porque los demás no son punidos, lo que ocurre en 92 por ciento de los homicidios en Brasil”, arguyó el profesor de derecho.
Además las sumas manejadas en las “pedaladas” del gobierno de Roussef son “desproporcionadamente más elevadas” que en casos anteriores, añadió.
Pero ningún argumento parece capaz de dirimir la controversia, incluso entre juristas y probablemente entre historiadores en el futuro.
“Los hechos mencionados en el proceso de inhabilitación no configuran delitos de responsabilidad, por lo tanto no hay la base jurídica necesaria para el juicio”, aseguró Lattman-Weltman, basado en consultas a juristas.
“Desde el punto de vista político el golpe es más evidente aún, porque la oposición no aceptó la derrota e intenta invalidar las elecciones (de 2014), desde que se conoció su resultado, quieren una tercera vuelta”, sostuvo.
“Ineficiencias gubernamentales no son motivo para una destitución, en un régimen presidencial, y se trata de una decisión extrema que no se puede adoptar por una cuestión contable, por reglas que dependen de interpretaciones variables”, concluyó.
FUENTE: http://www.ipsnoticias.net/2016/04/inhabilitacion-constitucional-o-golpe-otra-batalla-en-brasil/

jueves, 28 de abril de 2016

PREOCUPACIÓN POR QUEMA DE JARDINES

Publicado el 28 mar. 2016 Categoría Noticias y política Licencia Licencia estándar de YouTube

Que sucedería si Lázaro Báez o alguien de su familia hablaran

Integrar imagenPor Ricardo Bustos
Según la religión católica, la bíblica frase "Lázaro levántate y anda" Tiene como motivo la historia evangélica de la resurrección de Lázaro de Betania (un poco lejos de Santa Cruz) , presentado como un amigo de Jesucristo. Varias veces aparecen en los Evangelios visitas de Jesús a la casa de Lázaro.
En la última de estas visitas, Jesús llega cuando Lázaro ya está muerto y sepultado. Jesús hace abrir el sepulcro, y a una orden suya, Lázaro resucita.
Como una cruel ironía del destino, si el Lázaro de nuestros días fuera de visita al sepulcro de su amigo Nestor en Rio Gallegos y hablara, muchos serían los que quisieran estar muertos antes que destapen el sepulcro para averiguar qué es lo que verdaderamente hay adentro.
Según los que entienden en estos temas de justicia, seguridad o inteligencia, es muy común que un acusado, por mas poderoso que haya sido mientras estuvo libre, al estar encerrado entre cuatro paredes y con las necesidades básicas satisfechas de acuerdo a su categoría de preso común, generalmente se "quiebran" y la estadística indica que siempre hablan al final del camino porque se sienten abandonados a la mano de Dios y para muestra tenemos al joven "maravilla" Fariña que ha prendido el ventilador en el gallinero y ahora resulta casi imposible para los amos de la corrupción juntar todas las plumas que han salido volando. Si de jóvenes hablamos, no podemos olvidar que aún quedan por hablar el hijo dilecto de Don Lázaro, Martín Baez, que por defender a su padre no creo guarde nada en una declaración, o el propio Elaskar a quien le quitaron como zanahoria al conejo su financiera en Puerto Madero.
Por otro lado y como obra maestra del destino, estos personajes nefastos, mientras disfrutan de su impunidad y dineros robados al Estado, hacen vida de millonarios no se les conoce ni un resfrío o un poco de gripe, pero basta que caigan en desgracia recluidos en estos hoteles enrejados con guardiacárceles para desarrollar alguna patología que los lleva a una enfermería de la prisión o un hospital según su dolencia.
De los arrepentidos se nutre el reino de Dios, pero aquí en la tierra es muy diferente porque siempre está latente el riesgo de sufrir daños colaterales porque la parte perjudicada no se va a quedar con las manos en el bolsillo.
Por estos días y misteriosamente, se están produciendo desapariciones de personajes que han participado activamente en todos los negociados que hoy están denunciados en diferentes juzgados. La mayoría apunta al refugio o fuga disfrazado de intento de suicidios que al final terminan en algún país con el cual, casualmente no tenemos convenio internacional de extradiciones.
La ex casi reina volvió al escenario de lo que sabe hacer muy bien. Continúa dividiendo a su tropa para de esa forma averiguar en quien puede confiar si por alguna razón la justicia decide avanzar un poco mas en las causas que le están cascoteando todas sus propiedades, familiares, aliados y testaferros.
Ninguno de nosotros puede juzgar sobre la propia Ley, pero cuando el animalito tiene cara de perro y ladra, no hay dudas...es un perro y por lo que vemos, aquello que los muchachos contaban en "La rosadita" eran dólares y si nadie los reclama será porque queman en las manos después de las denuncias.
Esta es una gran oportunidad para que Jueces y Fiscales tan cuestionados por la ciudadanía, pongan toda su sabiduría y respeto hacia la sociedad al servicio del país, el mismo que les dio la posibilidad de ocupar sus cargos y al que defraudaron de manera casi repugnante, sin temor a ocultar sus actos parciales a la hora de impartir justicia.
Quizá Lázaro aunque no se parezca en nada a Jesucristo, se levante y hable, diga todo lo que sabe y después devuelva todo el dinero que nos robó a los argentinos, entre ello, el que le participó a la ex casi reina, la misma que aún hoy algunos que viven en Venus y parece que no saben sobre el nuevo rumbo que ha tomado nuestra querida Argentina, aplauden en las calles y se creen dueños de un modelo que ya no existe mas gracias a los ciudadanos que meditaron mucho antes de poner su voto en la urna, no importa a que partido político fué dirigido, pero seguro a lo que ya no está .
Ricardo Bustos - Locutor Nacional - Comunicador - Misiones Argentina
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Terminemos con el cuento: los supermercados no generan inflación

Estuve gran parte de la noche del viernes pasado discutiendo con un gran amigo mío sobre el tema de la inflación. A pesar de coincidir conmigo en las cuestiones más generales, él insistía con que era imposible que yo no le concediera que, al menos en algún punto, los supermercados eran culpables por la inflación que vivimos hace más diez años en la Argentina.
Ahora lo que sucede en el marco de un asado entre amigos es también una muestra del debate más amplio que se da en nuestra sociedad. Hace dos días participé en un debate televisivo en donde se intentó hablar sobre la inflación. Sin embargo, la discusión giró hacia las “ganancias extraordinarias” de los supermercados y la “injusticia” que representaba que la diferencia entre lo pagado por la materia prima y lo cobrado en las góndolas llegue a multiplicarse hasta por 10.
En la nota de hoy me gustaría diferenciar claramente ambas cuestiones.
La inflación es un fenómeno monetario. Lo que sucede cuando, al mismo tiempo, vemos que suben los precios del supermercado, pero también sube el precio del corte de pelo, el de las cuotas de los colegios, el de los alquileres, y el de los automóviles, es que el poder adquisitivo de la moneda está cayendo. El motivo detrás de esta caída es la excesiva cantidad de dinero que hay en circulación. O sea, de la misma forma que los tomates caen de precio cuando son demasiado abundantes, el dinero pierde valor cuando se fabrica en exceso.
En este sentido, el único responsable de la inflación es el gobierno a través de la política monetaria del Banco Central.
Otra cosa bien distinta es el margen de ganancia de los supermercados. A menudo se difunden análisis que relacionan lo que se le paga al productor del campo por su producto, con el precio que ese mismo producto tiene en la góndola del supermercado. A partir de estos datos, muchos concluyen que las ganancias de los supermercados son excesivas, injustas o irracionales.
Este análisis es por demás erróneo. En definitiva, cuando todos nosotros compramos en un supermercado, estamos haciéndolo por la utilidad que derivamos de ello. Cualquiera podrá entender que es más fácil comprar un kilo de papas “a la vuelta de la casa” que trasladarse hacia la ciudad de Balcarce, famosa por producir este tubérculo.
Así, dado que los habitantes de la ciudad están dispuestos a pagar por esta comodidad, los supermercados estás dispuestos a incurrir en una innumerable cantidad de costos adicionales para llevarle las papas, los zapallitos y los tomates, a la vuelta de sus casas. Entre esos costos están el transporte de los productos, los salarios de los empleados, el alquiler de los locales comerciales, el mantenimiento de las heladeras, el marketing y otros tantos costos que nadie tiene en cuenta cuando habla de las supuestas ganancias extraordinarias de las grandes cadenas de comercialización al público.
Una vez que uno incluye estos conceptos, las ganancias de los “súper” están mucho más en línea con las del resto del mundo de lo que se podría suponer, tal como reflejan sus estados contables.
Ahora bien, incluso cuando los minoristas tuvieran efectivamente ganancias excesivas, hay que señalizar que esto no tiene nada que ver con la inflación.
Imaginemos que de un día para el otro se decretara que los márgenes operativos de estos establecimientos comerciales deben reducirse a la mitad. Incluso cuando se lograra el cometido, no se bajaría la inflación, porque si la emisión monetaria sigue creciendo, y sigue perdiendo valor el peso, costos y precios seguirán subiendo por igual, sin importar la diferencia entre ellos.
Por último, tenemos que decir que en una economía de mercado no hay nada más deseable que las grandes ganancias. Después de todo, los amplios márgenes de beneficio de los empresarios que operan en un mercado son las señales que necesitan otros empresarios que se encuentran fuera de ese mercado para ingresar a competir, innovando y mejorando el servicio al cliente.
Es hora de terminar con el cuento. Los supermercados no son responsables de la inflación, sino el gobierno a través de la política monetaria del Banco Central.
Acusar constantemente a las cadenas minoristas o a otros empresarios por la suba de los precios no solo esquiva el eje del problema, sino que conlleva el peligro de atentar contra el sistema del mercado libre, que hasta ahora es el único que demostró su capacidad para traerle prosperidad a la humanidad.
Un saludo, Iván
Publicado en Inversor Global. Enviado por mail.

La piedra en el zapato para las grandes firmas

S¿Qué opinión tiene sobre Robin Hood? ¿Es acaso bien visto que se les saque algo a los ricos para repartirlo entre los pobres?
No es que me he vuelto socialista ni mucho menos, sino que esta “leyenda” me da pie para introducir una figura “nueva” muy importante que cumple este rol en los mercados financieros.
Entonces, ¿existe un Robin Hood en los mercados?
Vamos por partes.
Imagine a los mercados bursátiles como una gran selva, donde están los poderosos representados por los leones y tigres, y del otro lado vos, un inversor minorista, que podrías ser cualquier animal indefenso dentro de este ecosistema.
Como todo aquel que se siente carente de protección, en algún momento te gustaría que alguien te cuidara o al menos represente tus intereses. Es muy difícil de lograr en un sistema donde las relaciones de poder se definieron hace mucho tiempo atrás y perduraron así.
Pero de pronto, emergió una figura altruista, llamada inversor activista, que comenzó a cumplir ese rol. Bueno, en realidad tengo mis dudas de que esta clase de inversores bregue por el interés de todos los pequeños, pero lo que sí reconozco es que las políticas que impulsan permiten que la gran mayoría del universo minorista se beneficien de ellas.
Un inversor activista se lo conoce como aquel que irrumpe en el capital social de una empresa cotizante, intenta ganar lugares en el Directorio e impulsa políticas disruptivas como la separación de unidades de negocios de las firmas, la distribución de dividendos, etc.
Los activistas toman posiciones en empresas que consideran que cotizan por debajo de su potencial. Para que éste cristalice invitan a adoptar medidas como venta de negocios, fusiones, adquisiciones o directamente el despido del equipo de las gerencias de operaciones.
Muchos inversores rechazan el título de activistas para no figurar en las principales planas de los portales financieros, pero muchos otros aceptan con agrado ese rótulo. Entre los más reconocidos se encuentran Carl Icahn, Bill Pershing y Daniel Loeb.
En una primera instancia, los inversores de este estilo se “entrometían” en empresas relativamente pequeñas, ya que la inversión a realizar para desembarcar en las mismas no era tan significativa. Con el correr de los años, éstos comenzaron a desafiar el poder de firmas mucho más poderosas, instaladas en sus negocios y con larga trayectoria en sus espaldas.
Los activistas atacan fuerte…
¿Qué tienen en común Macy’s, Qualcomm y AIG…?
Las tres son empresas de gran capitalización bursátil y todas ellas fueron objeto de “ataques” de inversores activistas el año pasado.
En julio de 2015, Jeffrey Smith’s Starboard Value compró una parte del capital social de Macy’s y obligó a que la firma hiciera una división del negocio de activos de real estate. En abril de ese año, Barry Rosenstein’s JANA Partners presionó a Qualcomm a que acelerara su programa de reducción de costos, de recompra de acciones propias y de dividendos. Finalmente, a fines de 2015, Carl Icahn comenzó a presionar a AIG para que el holding se dividiera en tres nuevas empresas.
Que los inversores activistas pongan en jaque a empresas de mega capitalización bursátil (por encima de los US$ 50 mil millones) era realmente impensado…
Mientras que en 2009, del total de las operaciones de los activistas solo el 2,9% apuntaba a las empresas de grande y mega capitalización, en 2015 representaron el 8% del total. Es decir, cuatro veces más en seis años.

Como observamos, ya no existen firmas intocables para esta clase de inversores. Son como los nuevos Robin Hood del mercado, que enfrentan a los más grandes para que entreguen el valor disponible a los más pequeños.
En aquellas empresas que creen que el Directorio no presiona lo suficiente para sacar todo el valor de una compañía en beneficio de los accionistas, ellos aparecen con sus políticas disruptivas.
Por muchos años, los Directorios de las empresas de Wall Street estuvieron ajenos, desentendidos, a la labor del día a día que llevaba la línea operativa de las empresas. Eran un cuerpo sumamente decorativo que se sentaban en sus sillones un par de veces al año, votaban cuestiones intrascendentes y cobraban suculentos sueldos.
Hoy los activistas han posado los ojos sobre ellos.
Y esta es una buena noticia para vos como inversor minorista. Muchos activistas han logrado resultados fabulosos a partir de su presión en las firmas. Desde la puesta en marcha de políticas de dividendos en efectivo, hasta la división de una empresa en múltiples firmas (el caso reciente que más recuerdo es el de Ebay y Paypal).
Por esta razón, te recomiendo, al menos, que retengas estos tres nombres: Carl Icahn, Bill Pershing y Daniel Loeb. Donde ellos ponen la mira, te sugiero acompañarlos con una pequeña cifra de tus ahorros.
La recompensa puede ser muy grande.
A tu lado en los mercados, Diego Martínez Burzaco
FUENTE: Inversor Global - Enviado por mail

martes, 26 de abril de 2016

Análisis de la corrupción por el Fiscal de Cámara Germán Moldes

Publicado el 26 abr. 2016 Germán Moldes entrevistado en el programa "La mirada" de Roberto García; por "Canal 26" - 25/04/2016 Categoría Noticias y política Licencia Licencia estándar de YouTube
FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=gzjpOX7Pqic

lunes, 25 de abril de 2016

Desempleo, doble indemnización y la oda al desprecio por el análisis económico

Por JAVIER MILEI
El día miércoles pasado, los diputados alineados en los bloques de Sergio Massa, Diego Bossio, el kirchnerismo y los socialistas lograron emitir un dictamen de mayoría en el cual se establece la prohibición de los despidos entre el 1 de marzo del presente año (con retroactivo a un año) hasta el 31 de diciembre de 2017.
De este modo, los despidos que tomen lugar durante el lapso que rija la emergencia ocupacional deberán ser compensados con una doble indemnización. Sin embargo, la efectividad de una medida de este tipo es como intentar mitigar un incendio usando un lanzallamas, donde lejos de solucionar el problema lo agravará aún más.
El primer punto que debería quedar claro que el problema en la creación de empleo no es nuevo. Si bien el kirchnerismo informaba un desempleo del 7%, cuando se corrige por el efecto de una mayor cantidad de empleados públicos la tasa se duplica. Al mismo tiempo, si a esto se le quita el maquillaje contable sobre el cómputo de la PEA (población económicamente activa), la tasa de desempleo treparía al 18%.
En segundo lugar, el proceso de apertura del CEPO y la eliminación de las retenciones implicó un importante cambio de precios relativos. En este sentido, un efecto natural de dichos cambios es que mientras los recursos se reasignan entre los sectores el desempleo aumente. A su vez, si a ello le sumamos las restricciones sobre el mercado laboral impuestas por el kirchnerismo junto a la caída en la calidad del capital humano, el proceso de reasignación se ha tornado muchísimo mas lento.
Finalmente, el uso y abuso de la emisión de dinero para financiar al fisco, junto a los controles de precios han generado señales de precios falsas en el sistema, de modo tal que los niveles de consumo e inversión agregados no eran consistentes con el potencial productivo de la economía. Por ello, una vez sinceradas los precios el inexorable retroceso de la economía se acelera y dado que en dicho proceso la economía destruyó capital, la capacidad productiva se retrajo (menor productividad), por lo que los salarios reales deberían caer o en su defecto la tasa de desempleo aumentaría de modo mucho más pronunciado.
Frente a esta dura situación, el intento de prohibir los despidos y exigir la doble indemnización no hace mas que amplificar los problemas de empleo. Por un lado, la medida incrementa el número de despidos en los sectores que han perdido con el cambio de precios relativos, ya que al subir los costos por los despidos que deberán hacer, los beneficios se contraen aún más, lo cual llevará a una mayor cantidad de despidos. Por otra parte, para el caso de las empresas beneficiadas por los nuevos precios relativos, la medida es similar a una elevación del salario mínimo. Esto es, el salario se compone de dos elementos: (I) la retribución efectiva y (II) el costo esperado asociado con tener que despedir un trabajador. Naturalmente, dado que el empresario pagará acorde al valor del producto marginal del trabajo, el salario que recibirá el trabajador quedará menguado por el efecto del nuevo costo, al mismo tiempo que para conseguir una mayor productividad en los trabajadores implicará una menor cantidad de contrataciones. Al mismo tiempo, el menor nivel de actividad en éste sector (que debía crear empleos) implica menores beneficios que no serán derramados sobre el resto de la economía, ya sea como: (I) demanda de bienes de consumo de los empresarios, (II) una mayor reinversión o, (III) mayores ahorros para financiar a otros sectores.
Por consiguiente, el resultado de la elevación de salarios será un desempleo mucho mayor. Las empresas más débiles cerrarán sus puertas y los trabajadores menos eficientes serán despedidos (sin poder reinsertarse como consecuencia de los mayores salarios mínimos), reduciéndose la producción en todos los órdenes. A su vez, estos mayores costos de producción y una reducción en las existencias tenderán a elevar los precios, con la consiguiente disminución del volumen de mercancías que podrán adquirir los trabajadores a cada nivel de salario. Por último, el aumento del desempleo retraerá la demanda y ello amortiguará, en parte, el efecto ascendente sobre los precios, donde, lo que finalmente ocurra con éstos a nivel agregado dependerá de lo que haga el Banco Central con la emisión monetaria.
En definitiva, tal como señalara Milton Friedman "uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas por sus intenciones, en lugar de sus resultados". De hecho, cada vez que se ha intentado ir en contra de las leyes de mercado, los resultados han sido desastrosos. Por lo tanto, esperemos que nuestros dirigentes abandonen estas iniciativas que sólo logran complicarnos aún más la vida.
FUENTE: http://m.cronista.com/columnistas/Desempleo-doble-indemnizacion-y-la-oda-al-desprecio-por-el-analisis-economico-20160425-0006.html

La carrera por el oro ha comenzado

¿Qué tiene que ver la vida de tu bisabuelo y tus inversiones?
Aunque no lo crea, mucho. La historia que tengo para contarte tiene sus orígenes en los años de comienzo de la Primer Guerra Mundial. Sin duda se trata de un acontecimiento tristemente recordado, pero es vital para entender lo que pasa con el oro en la actualidad.
Todo comienza en 1914, cuando el Reino Unido ingresó a la Primera Guerra Mundial y el Banco de Inglaterra quiso suspender la convertibilidad de sus billetes en oro. El reconocido economista británico John Maynard Keynes, advirtió al Banco que no lo hiciera ya que el oro era escaso y limitado en contraposición al dinero.
Los expertos como Keynes, decían que si el Reino Unido mantenía su actual política monetaria y no eliminaba el oro como referencia, podría así financiar la guerra de una manera más eficiente que si optaba por lo opuesto.
The House of Morgan, entidad financiera que posteriormente se llamaría JP Morgan, ofreció jugosos préstamos al Reino Unido, dejando a Alemania, la otra cara de la guerra, con las manos vacías. Este financiamiento fue crucial para el Reino Unido ya que lo sostuvo a flote durante los años que duró la confrontación bélica, hasta el mismísimo instante en el cuál Estados Unidos abandonó su neutralidad e ingresó del lado británico en detrimento de los bárbaros.
A pesar de que Inglaterra mantuvo la convertibilidad de la Libra al oro, el Banco de Inglaterra desalentaba esta operatoria.
Las monedas de oro fueron sacadas de circulación y convertidas en barras de oro, limitando así el acceso al metal precioso a la elite mundial quien lo mantenía bien resguardado en bóvedas. Algo similar ocurrió en los Estados Unidos.
Años más tarde, en 1933, el presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt, decretó que la posesión de oro era un crimen y en 1971, el también presidente Richard Nixon, ordenó que ningún socio comercial de su país podía cambiar dólares por el metal precioso. Nixon, sin embargo, anunció que esta restricción era temporaria. Pese a sus palabras, 45 años más tarde, la ventana aún permanece cerrada.
En 1973, las naciones que formaban el G7 y el Fondo Monetario Internacional (FMI), decidieron romper la paridad que había entre sus monedas y el oro. Esta decisión no solo eliminó los requisitos que obligaban a todos los países que formaban parte del FMI, mantener el metal precioso en las reservas de sus respectivos bancos centrales, sino que también catalogó al oro como un commodity cualquiera. Es decir, para las elites mundiales, el oro estaba muerto.
Sin embargo, el tan codiciado metal, nunca se despidió del centro de atención y, hasta el día de hoy, las naciones mantienen un gran stock del mismo en sus respectivas arcas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 8.133 toneladas de oro, los países de la Unión Europea 10.788, China dice tener 1.788 (aunque ese número en realidad se acerca más a 4.000 toneladas), Rusia 1.447 toneladas y ha estado adquiriendo 200 toneladas de oro por año. Finalmente, México, Kasajistán y Vietnam entre otras naciones, han estado incrementando sus reservas de oro recientemente mientras el Reino Unido, vendió la mitad de su stock entre 1999 y 2002.
Es decir, después de décadas demonizando el oro, los bancos centrales se han convertido en compradores. La carrera por el oro, ha comenzado.
¿Pero qué es lo que hace del oro un metal tan atractivo?
En muchos casos, los bancos centrales utilizan el oro como resguardo de situaciones inflacionarias utilizando el dólar como moneda de referencia. China tiene US$ 3,2 billones de reservas y la mitad de estas están denominadas en la moneda norteamericana, principalmente en bonos del tesoro americano. No existe mejor amigo del dólar que China. Sin embargo, las probabilidades de un período inflacionario en los Estados Unidos se incrementan y China no puede desprenderse de estos bonos ya que, de hacerlo, colapsaría la moneda norteamericana y obligaría al presidente de los Estados Unidos a tomar medidas recíprocas, como, por ejemplo, congelar todas las cuentas chinas en los EE.UU.
Los chinos saben que esto es posible y, por el momento, se guardarán sus dólares. Pero mantienen su legítima preocupación que los Estados Unidos manipulará su moneda para reducir los US$ 19 billones de deuda pública que tiene.
Por este motivo, la solución china fue comprar oro ya que, si EE.UU. ingresa en un período inflacionario, sus tenencias de bonos del tesoro se devaluarán considerablemente pero el precio del oro en dólares se apreciará considerablemente. He aquí el resguardo chino ante situaciones inflacionarias y el atractivo que resulta el oro para este país asiático.
Para otros países como Rusia, el oro es un arma financiera para batallas geopolíticas del siglo 21. Estados Unidos controla todos los sistemas a nivel mundial de pagos en su propia moneda y, con ayuda de sus aliados europeos, podría expulsar a cualquier nación de este sistema de pagos llamado Swift. El oro es inmune ante cualquier ataque geopolítico de esta envergadura y las tenencias físicas de este material no pueden ser congeladas, hackeadas o borradas “por accidente”. El transporte del oro como método de pago es, para Rusia, una herramienta indispensable para defenderse ante cualquier ataque geopolítico como el anteriormente mencionado.
Existe un grupo de países que están comprando oro en anticipación del colapso del sistema monetario internacional, que ha colapsado tres veces en los últimos 100 años. Cada vez que el sistema monetario colapsó, las principales economías mundiales cambiaron las reglas de juego. Esto ocurrió por primera vez en Génova en 1922, en Breton Woods en 1944 y en Smithsonian en 1971. Es decir, el sistema monetario internacional tiene un promedio de vida de 30 años.
Ya han transcurrido 30 años de los Acuerdos del Louvre (continuación de la reunión de Smithsonian) y, aunque no hay garantías que el sistema monetario colapse mañana, no sería ninguna sorpresa que esto ocurriera. Cuando comience el próximo colapso, no habrá interés entre las principales naciones en utilizar el dólar como moneda de referencia.
El yuan chino y el rublo ruso no son consideradas como monedas de reserva y actualmente las únicas dos referencias monetarias a nivel mundial que no sea el dólar, son los llamados “derechos especiales de giro” del FMI y el oro.
Los críticos aseguran que no hay suficiente oro para mantener todo el sistema monetario internacional y esto no es así. Siempre hay suficiente oro; es tan solo una cuestión de precio. Si tomamos la oferta de dinero (M1) en China, en la Eurozona, en los Estados Unidos y usamos un 40% de resguardo en oro, el precio implícito del oro sería US$ 10.000 por onza. A este precio cualquier sistema monetario puede ser sostenido sin problema alguno.
Cuando hablamos de las elites mundiales, miren lo que hacen, no lo que dicen. Mientras demonizan el oro públicamente, lo compran cada oportunidad que tienen, lo guardan ente sábanas de seda y lo tienen listo para cuando la próxima crisis internacional, lo puedan utilizar para comprar un lugar en la mesa que determine el nuevo sistema monetario internacional.
Sigo atentamente cada movimiento de las autoridades monetarias globales en mi newsletterInteligencia Estratégica donde intento detectar cómo aprovechar estas movidas silenciosas en beneficio de los ahorros de los suscriptores. El oro es mi obsesión en estos momentos. También debería ser la tuya.
Un cordial saludo, Jim Rickards
FUENTE: Publicado e Inversor Global - enviado por mail

La fórmula para triunfar: Los trabajadores del futuro

Las empresas del futuro necesitará de empleados que estén preparados para los cambios continuos. Publicado el 20 abr. 2016 Categoría Noticias y política Licencia Licencia estándar de YouTube Fuente: El Confidencial Televisión

SE DESTRUYERON 8 MILLONES DE EMPLEOS EN UNA DÉCADA

En la última década se crearon muchos empleos formales pero también fue masiva la destrucción de puestos de trabajo. No se trata de un hecho excepcional sino que ocurre en todos los mercados de trabajo ya que la permanente creación y destrucción de empleos es un fenómeno natural del sistema productivo. Por eso, prohibir por ley los despidos es una política destinada al fracaso que demuestra escasez de ideas innovadoras y exceso de oportunismo político.
Los partidos de la oposición impulsan un proyecto de ley para prohibir los despidos. El propósito declarado es proteger a los trabajadores frente a un contexto recesivo. La idea subyacente es que, forzando a las empresas a mantener su planta de personal, se evitará expandir el desempleo. Bajo esa lógica, aunque haya poca generación de empleo, la situación social sería alivianada por haberse evitado los despidos.
El oficialismo reaccionó anunciando que si se aprueba una ley de estas características será vetada por el Poder Ejecutivo. Entre los fundamentos se señala que normas parecidas se aplicaron en el pasado y fracasaron. La más reciente fue en la crisis del 2002 cuando se duplicó la indemnización por despido. Las evidencias posteriores demostraron que la medida fue inefectiva ya que cuatro de cada cinco despedidos no cobró la doble indemnización.
¿Por qué prohibir los despidos no es efectivo para proteger el empleo tal como lo sugiere la intuición?Para indagar sobre el tema resulta pertinente apelar a las estadísticas oficiales. Según datos del Ministerio de Trabajo sobre los puestos de trabajo registrados por las empresas privadas entre los años 2004 y 2014 se observa que:
Se crearon 10 millones de nuevos puestos de trabajo.
En el mismo periodo, se destruyeron 8 millones de puestos de trabajo existentes.
Esto significa que el crecimiento neto del empleo asalariado privado formal fue de 2 millones de puestos de trabajo.
Estos datos indican que el crecimiento neto de empleos es marginal con relación a los enormes flujos de creación y destrucción de puesto de trabajo. Entre los años 2004 y 2014 el aumento neto de empleos fue importante ya que alcanzó a unos 2 millones en una década. Pero esto se logró gracias a la creación de 10 millones de nuevos puestos de trabajo que permitieron más que compensar la destrucción de 8 millones de empleos ocurridos en la última década. Esta alta destrucción de empleos se dio incluso con la prohibición de despedir y la doble indemnización que rigió entre el 2002 y el 2007.
En la dinámica productiva constantemente hay puestos de trabajo que desaparecen. Esto ocurre en contextos de alto crecimiento económico y en recesión. Se trata de procesos que no se pueden detener por medio de una norma legal. No se van a detener los despidos de trabajadores que los empleadores no necesiten, pero se va a aletargar el proceso de nuevas contrataciones especialmente en un contexto recesivo. El balance es claramente negativo. Por eso, las políticas públicas se deben centrar en facilitar las contrataciones alivianando costos y dando seguridad jurídica; no intentando evitar lo inevitable que es la destrucción de los puestos de trabajo económicamente inviables.
Resulta paradójico que muchos de los que festejaron el default del año 2001, luego de 15 años de costoso aislamiento celebren la reinserción internacional. Pero más grave aún es la falta de autocrítica que demuestran al impulsar una norma laboral que ya fracasó en el pasado y cuyo principal impacto será hacer más lento el proceso de recuperación. El proyecto desnuda mediocridad, falta de nuevas ideas y la desmesura en el uso del oportunismo político al no reparar en los daños que este tipo de iniciativas produce: solo aumentará la incertidumbre retardando la generación de empleos.
El empleo aumenta con más inversión física y en capital humano e instituciones laborales modernas. El arreglo con los fondos “buitre” no justifica festejos. Es apenas un primer paso para potenciar inversiones, siempre que se avance en lo más complejo e importante que es el equilibrio fiscal para no desviar el endeudamiento a sostener gastos improductivos del Estado. En paralelo, el Congreso se debería abocar a reducir la incidencia de las cargas sociales priorizando los salarios más bajos, y establecer una legislación laboral que brinde protección sin generar costos espurios y litigiosidad exacerbada.
Publicado en  IDESA - Enviado por mail -  www.idesa.org

domingo, 24 de abril de 2016

La manía de legislar.

Por Alberto Medina Méndez
COLUMNISTA
Prevalece en esta era, una visión que afirma que las leyes pueden resolver cualquier problema. Esta falacia se ha instalado, no solo en la política sino también en buena parte de la sociedad que las demanda. Parece que jamás se ha comprendido, con claridad, la naturaleza y la esencia de las normas.
Muchos dirigentes políticos depositan abundantes energías en imaginar novedosas reglamentaciones que modifiquen la calidad de vida de todos, sin entender que las conductas no se transforman artificialmente. Ellos adhieren a esta necia postura de suponer que una ley todo lo puede.
En estos países, pululan a diario intentos de legislar sobre cualquier asunto. Ninguna jurisdicción logra escaparse de este molde general y caen, irremediablemente, en este eterno juego. Esta actitud obsesiva de los legisladores no distingue partidos. Todos creen en la omnipotencia del Estado, que impone reglas haciendo que la gente se someta a ellas sin más.
Es la ley la que debe interpretar a la sociedad, ajustándose a sus valores y no al revés. En estas comunidades, los legisladores suponen que pueden establecer reglas importadas, incompatibles con la idiosincrasia local y así producir genuinos cambios de hábitos, que permitan vivir en una sociedad desarrollada, gracias a su gigante creatividad e interesantes normas.
Por eso abundan, en estas latitudes, tantas leyes que pretenden fijar precios, impedir la comercialización de productos o regular la distribución de otros. Esos políticos creen que pueden controlar la economía y subordinarla a sus caprichos. Están convencidos de que, desde sus escritorios, pueden obligar a todos a obedecerlos, porque la razón y la verdad los asiste.
La economía se rige por un complejo sistema de estímulos. Cuando la legislación interfiere, altera no solo los precios relativos, sino que genera múltiples daños y consecuencias inimaginables para ese legislador. Sus claras limitaciones intelectuales y morales le impiden comprender que la interacción voluntaria entre los hombres no es objeto de su tarea cotidiana.
Pero eso no solo sucede en la economía, sino también en el resto de las manifestaciones individuales. Nadie deja de consumir estupefacientes, aborta, pasa un semáforo en rojo, se prostituye o porta armas, porque la legislación lo prohíbe. Razonar de ese modo es desconocer a la humanidad. Las personas toman decisiones en función de otros paradigmas diferentes.
Las leyes pueden intentar amedrentar pero, en casi todos los casos, solo consiguen que esas mismas acciones igualmente se concreten, pero en ambientes de mayor marginalidad, criminalizando sus determinaciones.
Los seres humanos solo evolucionan cuando aprenden, maduran, reflexionan y toman decisiones voluntarias totalmente conscientes y no cuando el Estado los amenaza con multas, penalidades o prisión.
No es que no se pueda legislar sobre absolutamente nada, pero es importante comprender que el trillado "respeto a las leyes" no se consigue arrodillando a la sociedad con rigor. El respeto se gana, nunca se impone. Si la idea es infundir temor, miedo, pánico y terror, esas no parecen ser las mejores alternativas para construir una comunidad pacífica y civilizada.
La sociedad en general está dispuesta a cumplir normas que coinciden con su matriz moral. La prohibición de matar, es compatible con esa convicción de que cada uno debe decidir por sí mismo que hacer con su cuerpo. Bajo esa perspectiva resulta inadmisible que otro pueda disponer de ella a su arbitrio. Así se explica el elevado consenso de esta norma.
Algo similar ocurre con el robo. La mayoría comprende el concepto de la propiedad privada, aunque últimamente haya relativizado esa creencia. La gente entiende que apropiarse del fruto del trabajo ajeno no es ético y por eso aprueba que cualquiera que transgreda ese principio sea sancionado.
Es evidente que se viven en el presente tiempos de "inflación legislativa". Muchos actores de la política contemporánea pretenden contener la subida de precios, evitar despidos, extender la expectativa de vida, erradicar enfermedades y eliminar adicciones apelando a las leyes. Si realmente esas herramientas fueran efectivas y sus teorías tuvieran algún correlato empírico con la realidad, la humanidad seria rica, joven y feliz por decreto.
Claro que muchos adhieren a esta visión por conveniencia y no por ignorancia. Una parte importante del "negocio" de la política se sustenta sobre la idea de que la sociedad esté convencida de que la legislación salva vidas, enriquece a las personas y las hace mejores. Si esa tesis no tuviera adeptos, probablemente, muchos de los burócratas no tendrían salarios, y no podrían vivir entonces a expensas del trabajo de los demás.
Pero no menos cierto es que otro sector de la sociedad cree ingenuamente en estas mentiras y alienta estos reprochables comportamientos de la política. Son muchos los ciudadanos que les exigen a los dirigentes que bajen los precios, generen empleos y que los jóvenes jamás se droguen, como si estos tuvieran en sus manos una varita mágica para lograrlo.
Es la peor combinación. Una sociedad irresponsable que delira con soluciones facilistas en complicidad con una clase política manipuladora que aprovecha esa candidez para atraer votos con estos disparates.
Mientras tanto, no solo no se resuelven los problemas sino que estas maniobras dilatorias hacen que finalmente nadie se ocupe seriamente de las cuestiones de fondo, de esas donde realmente se pueden mitigar impactos. Las normas no solo no aportan soluciones eficientes, sino que además desenfocan y postergan el abordaje correcto de las problemáticas actuales.
Si la sociedad desea cambios en positivo, debe comprender las verdaderas motivaciones que explican las conductas humanas y ponerse a trabajar con sensatez, sin delegar en terceros sus responsabilidades, intentando convertirse en genuinos agentes de cambio e inspirando a otros a imitarlos.
La ideología imperante que invita a redactar leyes a mansalva es una gran ilusión, un absoluto fraude. Pero, evidentemente, es funcional a una sociedad profundamente desorientada y a un sistema político procaz que promueve este espejismo de la mano de esta perversa manía de legislar.

CEPO AL EMPLEO

Por Horacio Giusto Vaudagna
La finalización del conocido “cepo al dólar” fue una de las primeras y más acertadas políticas económicas del actual Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Sin embargo, la gestión del PRO ve peligrar su transición por el proyecto de doble indemnización que pregona gran parte del sector opositor, ya que las consecuencias del mismo serán totalmente contrarias a la finalidad con la que se presenta. Lejos de protegerse las fuentes laborales, los proyectos de índole intervencionista generan un fuerte freno a la inversión de capitales, dejando sin crédito a toda industria que desee incrementar su mano de obra para expandir la producción.
El mercado no es más que el conjunto de transacciones que realizan los individuos libremente al intercambiar bienes o servicios; y la base para toda interacción económica libre es la confianza, ya que ninguna persona desea ingresar a un lugar del que no podrá salir luego. Las leyes que se presentan con fines protectores generan un sinfín de nefastas consecuencias para el trabajador, ya que la confianza del posible inversor se debilita ante los riesgos y trabas burocráticas que se presentan a su plan empresarial. Piénsese que ante la noticia de una posible doble indemnización, aún si no se aprueba el proyecto de ley, el empresario que hoy duda entre mantener un puesto o despedir al operario, por una cuestión de salvaguardar sus intereses va a rescindir tal contrato antes que sea más caro hacerlo en el futuro.
Ahora bien, si los pronósticos del equipo económico del gobierno nacional son acertados y se reactiva la producción interna, continúa siendo una gran desventaja tener aprobada una ley anti-despido. El industrial, por regla, al momento de ver un panorama favorable a sus intereses intentará expandirse en el mercado. Para ello deberá, en principio, contratar nuevo personal, pero debido al riesgo de una nueva recesión económica en Argentina y lo costoso que sería prescindir del plantel contratado, lo más lógico sería mantener una actitud cauta y simplemente otorgar horas extras al empleado que ya poseía. Anexo a lo expuesto, optar entre pagar una hora de trabajo normal por el pago de horas extras, cuyo costo es mayor, implicará trasladar esta erogación al producto final, encareciéndolo y perjudicando a la población en general, sobre todo a aquel que ya se encontraba desempleado.
La inversión internacional, que puede apuntar a continuar el proceso de integración al mundo que vive Argentina en la actualidad, deberá pensar si el mercado laboral interno está dispuesto a acompañar el desarrollo industrial que permita reflotar la economía del país. Las cargas tributarias, esta extensa presión impositiva que padece el empresario, favorece la informalidad del mercado laboral, situación que el inversionista extranjero rechaza por cuanto todo mercado en negro presenta un peligro serio para recuperar la financiación realizada.
Una alta presión fiscal sobre el mercado laboral ocasiona un desajuste en el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. El costo tan elevado de formalizar un empleado, y eventualmente rescindir su contrato, no se puede trasladar directamente al producto, ya que si el bien se encarece en demasía su demanda cae y el sector que lo produce quiebra por falta de ventas; por ello establecer una ley antidespido es simplemente poner un “cepo al empleo”. Cuando es extremadamente oneroso sostener un puesto de trabajo en blanco, el mercado laboral se cierra o se traslada a la informalidad; es decir, prolifera el mercado en negro ya que son más las personas que están dispuestas a trabajar en dicha informalidad con tal de conseguir un mínimo sustento para su familia.
Por lo expuesto, si se quiere fomentar el empleo, la mejor forma según las experiencias mundiales lo han demostrado, es simplemente presionar menos impositivamente al empresariado. Menor carga tributaria sobre el empresariado implica que todo ese dinero que ya no se destina a impuestos se pueda redirigir a multiplicar los puestos laborales. Una economía en expansión requiere que todos los actores pueden acceder libremente a sus respectivos mercados. El Estado debe dejar las políticas demagógicas que históricamente solo generaron desempleo o inflación, y comenzar a abrir el camino que brinde seguridad jurídica al propietario de los capitales necesarios para reactivar la economía interna.
* Es miembro del Centro de estudios LIBREwww.libertadyresponsabilidad.org)
ENVIADO POR SU AUTOR

Propiedad privada y pobreza

Por el Dr Gabriel Boragina
COLUMNISTA

¿Cuál es la manera más eficaz, efectiva, rápida y sostenible de reducir la pobreza? Puede decirse que existe un acuerdo generalizado en cuanto a los males graves que ocasiona la pobreza. Ese acuerdo, era más amplio y más firme antes que se empezara a dejar de hablar de pobreza y se comenzara a hacerlo de desigualdad en su lugar, lo que desvió -de alguna manera- el centro del debate desde lo realmente importante y urgente (la pobreza) hacia otro punto que no reviste ni la misma importancia ni urgencia. La explicación a esto último es que, como hemos expuesto en tantas otras ocasiones, si bien la pobreza es un tema solucionable, y que ha encontrado remedio en la mayoría de los países del mundo a través del tiempo, la desigualdad no solamente no es solucionable, sino que ni siquiera configura en sí misma -y bien analizada- ningún problema, ya que resulta una condición ineludible de la naturaleza de las cosas (incluimos en este concepto a todas las cosas existentes). Por lo que el verdadero foco de atención ha de centrarse en la pobreza y no en la desigualdad. Entonces ¿cuál sería la solución a la pobreza? Veamos algunas respuestas interesantes:
"La creación de riqueza.... La primera afirmación del texto en este terreno es simple: la pobreza material lastima las condiciones que permiten el florecer humano. La manera más efectiva de reducir la pobreza es la protección de la propiedad privada como un derecho que es amparado por la ley. Gracias a esa protección de la propiedad personal, las personas podrán tener la oportunidad de realizar acciones voluntarias de intercambio en las que expresan sus dimensiones creativas como personas. Hay en esto un reconocimiento explícito al problema de la pobreza al que se le dimensiona gravemente, pues la miseria es una razón por la que las personas no pueden realizarse. Visto de otra manera, las personas necesitan cierto nivel de riqueza material para poder satisfacer los fines de una esencia a la que se le ha dado una naturaleza Divina. La pobreza, sin duda, es una dificultad seria, para la que se propone una solución. Según el documento, la manera más efectiva para remediar esa situación es algo lógico cuando se tiene a la persona humana como el eje central del pensamiento: los medios que están a disposición de esa persona, sus propiedades. Entra aquí, de nuevo, la autoridad en una función que es parte del estado de derecho, proteger y respetar a la propiedad personal. Esa propiedad personal inequívoca es la que permite a la persona acceder a posibilidades de intercambio con otros y realizar su potencial personal."[1]
La cita pone énfasis en la propiedad como fuente de intercambios, lo que brinda la posibilidad al propietario de ir reduciendo paulatinamente su pobreza en la medida que, gracias a la propiedad, pueda realizar cada vez más y mejores intercambios que le posibilitarán adquirir bienes y servicios cada vez más valiosos, ofreciendo otros que -para el sujeto actuante- lo serán menos que los que va incorporando a su patrimonio. El autor destaca que, para que esto sea posible, es fundamental que la institución de la propiedad privada encuentre un sólido respaldo legal. Allí donde los marcos institucionales descuidan el derecho de propiedad o, peor aún, lo atacan directa o indirectamente, los intercambios voluntarios entre los miembros de la sociedad serán cada vez menores, en cantidad y calidad, lo que –en última instancia- resiente el sistema social en su conjunto. Y, como efecto colateral, no contribuye a la realización humana como tal. En suma, denigra a la persona humana lejos de dignificarla. El desconocimiento de la propiedad privada ha traído aparejado muchos males económicos. Argentina ha sido un escenario frecuente de este tipo de ataques a la propiedad por parte de sus gobiernos, tal como lo deja ver la siguiente cita refiriendo a la situación del país hace un tiempo atrás:
"La confiscación de la propiedad privada y el colapso del sistema bancario (y la resultante restricción pronunciada del crédito) diezmaron la economía. De hecho, la producción industrial cayó el 10,6 por ciento durante 2002 y la confianza del consumidor alcanzó una baja histórica (su punto más bajo). ... Con la finalidad de promover su compromiso estratégico con América latina, dejado de lado con frecuencia, la administración de Bush exhortó al FMI a rescatar a la Argentina en enero de 2003. El FMI accedió y refinanció US$ 6 mil millones de deuda argentina."[2]
El párrafo es significativo. En lugar de reforzar y afianzar la institución de la propiedad privada, al colapso argentino los EEUU acudieron al rescate por intermedio de una institución estatal como es el FMI. En otras palabras, los políticos tienen cortas miras en cuanto al rol de la propiedad privada. y suelen entender que los problemas económicos y financieros a nivel mundial se "resuelven" disponiendo de los recursos ajenos, que se recaudan -al fin de cuentas- vía impuestos, con lo que se lesiona la propiedad privada de los mal llamados "contribuyentes". En suma, a los problemas derivados por las agresiones de los gobiernos a la propiedad privada se le añaden presuntas "correcciones" de esos mismos gobiernos que implican todavía asaltos mayores a la propiedad privada. En el caso de la cita anterior, el gobierno estadounidense obligó en aquella oportunidad a los contribuyentes norteamericanos al "salvataje" de la Argentina, sin contar para ello con el consentimiento de ninguno de esos ciudadanos americanos. Esta política, no solamente ha sido frecuente en Latinoamérica, sino que los gobiernos estadounidenses la han practicado durante el siglo XX y el presente en casi todas partes del mundo, con muy pocas excepciones.
Todo lo que se necesita para evitar las crisis económicas y disminuir la pobreza a nivel mundial es poco más que de propiedad privada. El resto se dará por añadidura.
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[1] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura-Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. pág. 68
[2] STEVE H. HANKE, "CAPÍTULO 4-El hombre de paja argentino: respuesta a los críticos de la caja de conversión". en Crisis financieras internacionales: ¿Qué rol le corresponde al gobierno? /compilado por Daniel Artana y James A. Dorn. - 1ª. ed.– Buenos Aires : Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, 2004..Pág. 54

Arriesgados Equilibristas. Por el Dr Enrique Guillermo Avogadro

clip_image002"Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". Eduardo Galeano

Hay preguntas flotando en el ambiente que aún no han encontrado respuestas pese a que ya la Argentina cambió de gobierno, y de modos, hace ya ciento cuarenta días. En general, esos interrogantes se vinculan a los jueces federales que reinan en Comodoro Py, pero otros también alcanzan a la sociedad en general. Como es bien sabido, esos personajes, muchos de ellos tan corruptos como quienes quedan sometidos a sus juicios, tienen narices que envidiaría el mejor de los perfumistas, y son capaces de percibir los efluvios con enorme anticipación respecto al resto de los mortales.
Entonces, si los tiempos ya son otros y el olor a podrido que surge por episodios de las cloacas del kirchnerismo está incidiendo tan fuertemente en la sociedad, que clama por la cárcel de los culpables de tantos males y por la recuperación de los fondos robados, ¿por qué aún hay jueces -Rafecas, Lijo, Rodríguez, Canicoba Corral, Casanello, etc.- que se dan lujos tales como demorar hasta el infinito la producción de pruebas y los allanamientos que se les piden, atomizar las causas para evitar la unificación de las investigaciones o, simplemente, rechazar aquéllas que consideran "complicadas" para que no recalen en sus juzgados? El espejo que nos presenta Brasil con el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff guarda, con nuestra realidad, una similitud altamente preocupante: la mayoría de quienes juzgan -allí, legisladores y, aquí, magistrados- están tan corrompidos como los mismos acusados; como dijo Jorge Lanata, basta con usar Google Earth para comprobarlo. Pero donde nuestros vecinos juegan con una gran ventaja es, precisamente, en el Poder Judicial, al que nadie cuestiona desde el punto de vista moral.
¿Cómo puede ser que, por las mismas razones, Lázaro Bóvedas Báez esté preso y su hijo Martín siga en libertad, pese a que su detención podría llevar a sus padres a entregar la llave que abra, finalmente, la caja de Pandora de los negocios de la obra pública y del lavado de dinero? ¿Por qué Sebastián TortugaCasanello demora tanto los allanamientos como para transformarlos en inocuos al momento en que se decide a realizarlos? ¿Cómo continúan libres Cristóbal Timba López, después de robar millones de nuestros impuestos, o Anímal Fernández, a quien ya no le cabe una acusación más? La responsabilidad final de este desquicio es del Consejo de la Magistratura, con mayoría oficialista, que debiera comenzar a auditar ya mismo la actividad de los juzgados federales, y sancionar a los jueces remolones o distraídos. ¿Este proceso parecido a mani pulite irá hasta el hueso, donde se encuentran Cristina y muchos empresarios, o será una mera parodia, como sostiene Carlos Pagni?
Las respuestas se vinculan al escenario político, donde Mauricio Macri compite, ya directamente, con Cristina Kirchner, a la que todos -funcionarios irresponsables, sacerdotes imbéciles, policías ausentes y periodistas de todos los pelajes- han permitido recuperar una marcada centralidad. A mero título de ejemplo, baste recordar cómo protestábamos por los prolongados abusos que la ex Presidente hizo de la cadena nacional mientras que esta semana, cuando ya no disponía de ella, todos los canales y radios transmitieron en directo sus apariciones y los diarios le dedicaron miles de centímetros, la seguridad de sus traslados quedó en manos de La Cámpora y los malintencionados curas de la "Opción por los Pobres" le permitieron exhibirse en una reunión celebratoria con aquéllos que están en la miseria precisamente por obra y gracias de ella y su cohorte de bandidos.
Mientras el Gobierno intenta morigerar los efectos sociales del inevitable ajuste al que lo condenó la emperatriz del Calafate, y creo que lo logrará a partir de la salida del default que concretó esta semana, los afectados por la monumental inflación recuerdan los tiempos felices de tarifas inexistentes y subsidios a la bartola que dejó la década relatada, ignorando -porque se buscó mantenerlos sin capacidad de raciocinio- que sus padecimientos actuales no existirían de no haberse consumado el enorme latrocinio de los Kirchner.
Si hay una culpa grave del nuevo régimen, está constituida por la falta de comunicación adecuada. Hubiera debido ser el propio Mauricio Macri quien explicara con total claridad y detalle en qué condiciones recibió el Estado, el por qué de la necesidad de terminar con el déficit fiscal y de adoptar medidas antipáticas, dónde estamos hoy, dónde espera que nos encontremos a mediano plazo y qué se deberá hacer para lograrlo; no basta, evidentemente, con las breves frases, que suenan a voluntarismo, que el Presidente pronuncia en cada oportunidad para intentar tranquilizar a quienes ven declinar su nivel de vida todos los días. Las encuestas marcan una fuerte merma en su popularidad, palabra que, aquí y en todo el mundo, se traduce en gobernabilidad.
Pero también hay otras preguntas de las que todos debemos hacernos cargo. ¿Por qué ninguno de los periodistas, expertos, psicólogos y padres que opinaron sobre la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica relacionó lo sucedido con la efedrina, el precursor esencial de las drogas sintéticas causantes de la tragedia? Ese producto tiene, como todos recordamos, una trágica historia en nuestro país, que comenzó a salir a la luz con el triple crimen de General Rodríguez y que, pese a que no hubo una fuerte reacción pública, alcanzó a Anímal y a los traficantes que conducían, por entonces, la Sedronar; ¿a nadie se le ocurrió vincular el contemporáneo y explosivo crecimiento del consumo de estas drogas con ese negocio kirchnerista? Por otra parte, tampoco se conoce aún el resultado de la investigación, a cargo de la Juez Servini de Cubría, sobre el financiamiento de la campaña electoral de "Cristina, Cobos y Vos" en 2007 (¡hace ya nueve años!) por los laboratorios que importaban la substancia para contrabandearla a México.
¿Cómo puede ser que, cuarenta y un años después, tribunales integrados por canallas pongan en marcha las parodias de juicios a los militares que combatieron en el Operativo Independencia, aquél que, por orden de un gobierno constitucional, evitó que se transformara a la Provincia de Tucumán en un Estado beligerante con reconocimiento internacional, como pretendían los terroristas del ERP? Los asesinos de -entre muchos otros- el Capitán Viola y su hija de tres años son ahora fiscales y testigos, y eso cuando no integran el propio tribunal. Mientras tanto, el Gobierno y la sociedad siguen ignorando el tema, que sólo puede tener una solución política. La gran pregunta es hasta cuándo lo harán, ya que se acercan a cuatrocientos militares, policías y civiles muertos en cautiverio.
Creo que el proceso de moralidad y decencia de la política -y la limpieza de la Justicia- es imparable, y no sólo en la Argentina; toda la región está soportando similares efectos. Ojalá acierte con mi optimismo, cualquiera sea el costo que debamos pagar por ello porque, como dijo Valerio Massimo Manfredi, "La ley pone remedio a los defectos y a las imperfecciones de los individuos, limita los conflictos y la competencia, premia la voluntad de hacer y de sobresalir, alienta a los fuertes, apoya a los débiles. En una sociedad semejante no es una vergüenza ser humilde y pobre, sino no hacer nada para mejorar la propia condición"-
Bs.As., 24 Abr 16 - Enrique Guillermo Avogadro - Abogado
ENVIADO POR SU AUTOR

Una agrupación de abogados está enfrentando a la Corte Suprema en defensa de la Constutución Nacional y la profesión de abogado.

Por el Dr Juan José Guaresti (nieto)
Estimada amiga: Un grupo de abogados reunidos en el Bloque Constitucional que así se denomina su agrupación dentro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se está enfrentando a la Corte Suprema de Justicia en cuanto ésta pretende, violando  a la Constitución Nacional, imponer a los letrados mediante  "inconstitucionales acordadas", un sistema de  Notificación Electrónica y de Gestión Judicial denominado Lex 100. La Corte Suprema, como dijimos en el Informador Público del 22 de Junio de 2015,  carece de atribuciones para realizar lo que está haciendo en abierta transgresión a la Carta Magna. La valiente actitud de esta agrupación que no ha vacilado en  defender la Constitución Nacional y la profesión de abogado, contrasta con la de sus competidores en el  futuro comicio que se realizará  en el Colegio Público de Abogados el 26 de Abril próximo, quienes no han demostrado  interés en  impedir este atropello. El Colegio Público de Abogados, por su parte,  se ha limitado en estos días a pedir un año de prórroga para el comienzo de la utilización del nuevo sistema, cuando lo que tiene que exigir a la Corte Suprema es que no transgreda los límites de su investidura además de recordar que los letrados no estamos a sus órdenes. Lo que está haciendo la Corte Suprema es de la exclusiva incumbencia del Congreso Nacional quién debería hacerse cargo de este asunto.  Me permito sugerirle la lectura  del artículo adjunto: "Una agrupación de abogados está enfrentando a la Corte Suprema en defensa de la Constitución Nacional  y la profesión de abogado". Cordialmente, Guaresti. 


Descripción: Descripción: cid:image003.jpg@01D194CA.C98E8400En las próximas elecciones que se realizarán el 26 de abril próximo para elegir quiénes van a conducir el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la agrupación Bloque Constitucional (lista 61) tiene la singularidad de que ha salido en defensa de la Constitución Nacional y la profesión de abogado planteando que la Corte Suprema de Justicia ha dictado “ilegales e inconstitucionales acordadas” para imponer a los letrados el sistema de Notificación Electrónica y de Gestión Judicial -Lex 100-,violando con estas “acordadas” la división de los poderes, máxima garantía constitucional argentina. Las demás agrupaciones que se han presentado a la contienda electoral no han tenido el arrojo del Bloque Constitucional quien, con no habitual coraje, se está enfrentando a la Corte Suprema de Justicia. Muchos abogados se sienten representados y protegidos por tan valiente conducta.
Qué es lo que ha hecho la Corte Suprema de justicia
Nuestro más ALTO TRIBUNAL quiere obligar a los abogados a que acepten un sistema de notificación electrónica y de gestión judicial que se denomina Lex100, sin que esa importante modificación del Código de Procedimientos pase por el obligado debate en la opinión pública y posteriormente en ambas Cámaras del Congreso. En lugar de seguir el itinerario constitucional que termina en el dictado de una ley, garantía de lalibertad, la Corte Suprema con la integración que estableció la Administración Kirchner y siguiendo la forma de proceder que caracterizó a aquella, por sí y ante sí, se arrogó la atribución de legislar y ordenar a los abogados que obedezcan sus disposiciones. Los abogados no son empleados de la Corte Suprema pero son tratados como si lo fueran. La Corte Suprema ha utilizado las autorizaciones no menos violatorias de la Constitución que le brindara la ley 26.685, para dictar una serie de “acordadas” o sea resoluciones tomadas por los integrantes del Tribunal para supuestamente “reglamentar” dicha ley. La Corte Suprema no tiene facultades para reglamentar ninguna ley porque el único Poder del Gobierno que tiene atribuciones para hacerlo es el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema hasta decidió, sin llamar a licitación alguna, que tenía derecho a elegir el Sistema cibernético que se iba a utilizar. Los Jueces de la Corte Suprema se supone que saben Derecho Constitucional pero no están habilitados por la Carta Magna ni por sus incumbencias profesionales, para discernir cuál es el sistema cibernético más adecuado para sustituir el procedimiento ahora vigente y, mucho menos, sin llamar a licitación como ha ocurrido aquí. El rol de la Corte Suprema en el sistema institucional argentino es resolver causas judiciales. No tiene funciones políticas, salvo en el caso excepcional en que se promueva juicio “político” al Presidente de la Nación en cuyo caso el Presidente de la Corte Suprema debe presidir el Senado de la Nación. A partir del caso “Marbury vs. Madison”, sentencia dictada en 1803 en los Estados Unidos por la Corte Suprema presidida por John Marshall, quien, curiosamente, no tenía título de abogado, se reconoció que el Poder Judicial podía dejar sin efecto disposiciones de los Poderes Políticos, si aquellas violaban la Constitución. Pero esa atribución tan importante solamente se podía ejercitar en una causa judicial donde hubiera partes antagónicas y era válida para ellas. Si nuestra Corte Suprema se erige en Legislador, como lo ha hecho, rompe en su favor, el delicado equilibrio institucional del país.
La ley 26.685 no es tal cosa
Tiene nombre de ley pero no es un conjunto de disposiciones como es el Código Procesal, para poner un ejemplo, donde se establecen los distintos aspectos del trámite judicial. La “ley” 26.685 se limita a indicar los temas que la Corte Suprema debe reglamentar. Veamos su texto: La ley dice que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura en forma conjunta “reglamentarán la utilización de expedientes electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”. Una ley que fuera una norma válida debe configurar cada uno de esos tópicos, indicar su naturaleza jurídica y sus alcances dentro del proceso judicial. En cambio, la denominada “ley” 26.685 es una disposición en blanco que deja en manos de la Corte Suprema establecer sus contenidos por vía “reglamentaria”. Reglamentar una ley no es hacerla como en este caso ha ocurrido con las “acordadas”. Con el criterio del legislador de la ley 26.685 se podría dictar una ley que le indicara al Poder Ejecutivo que por vía “reglamentaria”, estableciera que es un pagaré, o un comerciante, o un contrato de mutuo o una sociedad anónima… La Corte Suprema no ha reglamentado ninguna ley: La ha creado por encargo del Congreso lo que es una gravísima transgresión a las limitaciones constitucionales de ambos poderes.
La aberración de la ley 26.685 llega a su punto cenital cuando dispone que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura deben hacer su trabajo en forma conjunta. El Congreso no le puede encomendar a la Corte Suprema nada porque sus atribuciones están fijadas por la Constitución Nacional. En lo que concierne al Consejo de la Magistratura, este último organismo tampoco puede reglamentar lo atingente al proceso judicial. El Consejo de la Magistratura puede dictar los reglamentos que sean necesarios para mejorar la organización judicial, la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia, pero no modificar el Código Procesal. En esas “acordadas” de la Corte Suprema dictadas en violación de la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura no tuvo arte ni parte. En resumidas cuentas: a) La Corte no podía reglamentar nada, pero lo hizo. b) Lo que hizo no podía hacerlo pero de acuerdo a la ley que en este aspecto también es ilegal, tenía que llevarlo a cabo con el Consejo de la Magistratura, el cuál no tuvo participación alguna.
La actitud del Bloque Constitucional levanta la altura del debate político en la contienda electoral que se estádesarrollando, porque aquel le otorga una preeminencia trascendente en su plataforma comicial a las instituciones de la República. Esta última está instalada en un lugar trascendente, lo que no se advierte en las otras agrupaciones a las cuales parece no importarles la violación de la Constitución que hemos descripto. Esta acontece precisamente en momentos en que asistimos a una crisis muy seria del orden jurídico nacional. Hoy en día, sectores sólidamente inspirados, atribuyen nuestro fracaso económico, la inflación que nos perjudica, la pobreza que se extiende, a que funciona deficientemente el Poder Judicial. Está claro que mientras tengamos la inseguridad jurídica que hemos padecido durante muchos años, la ausencia del contralor eficiente del Poder Judicial sobre los Poderes Políticos y la impunidad que se advierte ante hechos criminales, NO VA A SER POSIBLE EL AUMENTO DE LA INVERSION DE RIESGO QUE NECESITAMOS PARA IMPULSAR NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y CLAUSURAR MERCED A AQUEL, ESTE INTERMINABLE PERÍODO DE DECADENCIA. Oliver Wendell Holmes, un gran Juez norteamericano, dijo en el siglo pasado que el poderío de los Estados Unidos no descansaba ni en su flota, ni en sus cañones, ni en las tropas que podía poner en línea de batalla, sino en el hecho que había Jueces imparciales en todo el territorio nortemericano.
A partir de los primeros días de septiembre de 2015 instalamos con el Dr. Héctor Luis Musi los martes y viernes de 10:30 a 13:30 horas una mesa en la acera de Lavalle 1220 invitando a los colegas a adherir a un petitorio que habíamos presentado a la Corte Suprema para que dejara sin efecto las “acordadas” aludidas en este trabajo por su evidente violación de la Constitución. Más de 1500 abogados firmaron aquel, lo que demostró que este tema, de tanta importancia institucional, es valioso en el escenario abogadil. Este año, viendo que la Corte Suprema no cambiaba de parecer, presentamos una nota a la Cámara de Diputados pidiendo su intervención para que terminen las “acordadas”. Hemos “cosechado” más de 200 adhesiones a la iniciativa de suerte que existen a la fecha más de 1700 colegas y peritos judiciales que apoyan la derogación de estas ilegales decisiones de la Corte Suprema con absoluta convicción y se sienten partes de lo actuado. El hecho que el Bloque Constitucional sustente las mismas ideas como eje de su campaña, nos llena de satisfacción. No cabe duda que si esta agrupación triunfara en el comicio, sería muy difícil que la Corte Suprema continuara lesionando al orden jurídico y a la profesión de abogado. Los candidatos que se presentan por el Bloque Constitucional son los doctores Julio Cordero para Presidente, Pedro Pablo Pusineri para Presidente de la Asamblea, Héctor Luis Musi para Secretario General de la Asamblea y Enrique del Carril para Presidente del Tribunal de Disciplina. Es buena la oportunidad para agradecer la colaboración que prestaron y prestan en la mesa de Lavalle 1220 los doctores Cecilia Barbalat, Alejandra Conti, Mauricio Halac y Reinaldo Rotger. En lo que concierne al Bloque Constitucional se desea destacar el apoyo brindado por uno de sus conspicuos dirigentes, el doctor Ricardo Mihura Estrada.

Dr Juan José Guaresti (nieto)
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