Junto al anuncio del presidente Mauricio Macri de los lamentables y predecibles resultados generados por la evaluación Aprender, el Gobierno ha hecho pública su intención de enviar para su tratamiento en el Congreso el denominado Plan Maestro. Se compone de 108 artículos. Nadie puede estar en desacuerdo con la iniciativa, de la misma forma que no es razonable estarlo con la Declaración de Purmamarca.
Sin embargo, en la Argentina de hoy parece utópico un plan con metas al año 2021 y 2026, anunciado en el medio de un salvaje paro docente y contemporáneo a la Marcha Federal, que estuvo plagada de discursos políticos que nada tienen que ver con la educación sino con disputas ideológicas y partidarias.
Salvando las distancias, semejante plan necesitaría el equivalente a un Pacto de la Moncloa para convertirse en una política de Estado. No puede ser una mera iniciativa política del Gobierno enviada para su tratamiento en el Congreso en pleno año electoral, con el posible objetivo de retomar la iniciativa frente a un conflicto docente que se ha ido profundizando.
Por ello, esta nota propone una alternativa mucho más sencilla, la cual por cierto expuse en las dos notas previas mencionadas. Para comenzar una revolución educativa no hace falta una ley, como el Plan Maestro, compuesta de 108 artículos. Con modificar el artículo 97 de la ley 26206 de educación nacional se generarían las condiciones para que una verdadera revolución educativa sea exigida por los mismos padres de los niños y los jóvenes afectados por la tragedia educativa que hoy vive nuestro país. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo sin el cual no es posible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
El artículo 97 establece: "El Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos y las indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, los docentes y las instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia".
¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las escuelas a las que concurren sus hijos? Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio central para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. Por supuesto, también priva de información valiosa a la hora de decidir a qué escuela enviar a sus hijos a aquellos padres para quienes sus posibilidades económicas no convierten a la educación pública en la única alternativa factible, transformando a esta en un virtual monopolio, con todos los costos que ello implica.
¿Estigmatización? Por supuesto, se debe preservar la identidad de los alumnos y los docentes, pero no así de las instituciones educativas. No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres. Es necesario que ellos admitan la realidad y reaccionen. Con dicho fin, las evaluaciones educativas son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de su conocimiento. Muchos padres tienen en su imaginario la fantasía de que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada.
Un proyecto de ley como el Plan Maestro, con sus 108 artículos con metas dentro de 10 años, me hace recordar a los viejos planes quinquenales. Bien sabemos que un plan de dichas características difícilmente se logre materializar en resultados concretos.
Por el contrario, una modificación de tan sólo un artículo de la ley de educación nacional como la que propongo generaría las condiciones ideales para lanzar una verdadera revolución educativa, pues serían los mismos padres quienes la demandarían.
Hoy los padres son invitados de piedra de un conflicto cargado de intereses políticos que afecta significativamente el futuro de sus hijos y agiganta la desigualdad de oportunidades contra la cual el Gobierno desea luchar.
El camino más largo comienza por el primer paso, ya es hora de darlo. ¿Qué mejor ejemplo de ello que modificar el artículo 97 de la ley 26206 de educación nacional?
ENVIADO POR SU AUTOR
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